La multitudinaria marcha universitaria de ayer, con el objetivo de que se aplique la ley de financiamiento de las casas de altos estudios mezcló un propósito noble con la mezquindad de políticos que se subieron a este carro de protestas para satisfacer sus intereses partidarios.
Muchos de los que ayer marcharon y convocaron a la manifestación gobernaron muchos años y poco o nada hicieron para mejorar el financiamiento de las universidades. Los adoradores de la maquina de imprimir billetes ahora mostraron su queja por el ajuste y las restricciones del gobierno nacional.
Nadie puede estar a favor de recortes en materia de educación, pero también hay que evaluar el origen de los fondos y la distribución de los recursos.
Las voces de los que protestaron se hicieron sentir en los medios, con mucha lógica y razonabilidad, porque los docentes universitarios en un país que se precia de la cantidad de Premios Nobel que tiene deben ganar una suma importante para vivir dignamente, y no convertirse en docentes taxi, que tienen que dar clases en distintos lugares para sobrevivir.
Sin embargo, también hay una realidad que ayer marcó el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez. Se requiere que las partes se sienten en una mesa y se pongan a discutir el presupuesto universitario, como para que los fondos tengan utilidad y sirvan para construir un país razonble.
Alvarez dio ejemplos de carreras que tienen escasa cantidad de egresados y que resultan deficitarias para el erario. Habló de un alumno en la licenciatura con orientación clarinete y de dos alumnos en licenciado en cultura y lenguaje artístico. Y fue mas allá: un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado 50 millones de pesos mientras que un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes sale 423 millones y si se reciben cinco o seis juntos, significarán 4300 millones de pesos.
Por eso, llamó a la reflexión, al análisis de los fondos universitarios y su distribución, y advirtió que aunque marchen cinco millones de personas no se va a cambiar el rumbo.
Mientras los que protestaron hablaron de la extorsión del gobierno nacional a las universidades, desde el Estado se respondió que la marcha era extorsión al gobierno.
Asi las cosas, habrá que seguir esperando que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema de tanta repercusión.
De todas maneras, los legisladores, el Poder Ejecutivo, los jueces, los involucrados, tendrían que reunirse para analizar la cuestión universitaria, presentar propuestas, evaluar el presupuesto educativo en la materia y asignar prioridades en la distribución de los recursos. Algo que debería ser normal en un país republicano, civilizado y donde todos sigan el pensamiento de Sarmiento, el gran motor de la educación en el país a lo largo de la historia.
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