POR EL PEDIDO DE JUICIO A LA CORTE, LLAMAN A SESIONES EXTRAORDINARIAS

 La portavoz del gobierno, Gabriela Cerrutti, adelantó que el gobierno nacional llamará a sesiones extraordinarias para la segunda quincena del mes de enero. El tema principal de esa convocatoria será el increíble juicio político que pretende realizar el Ejecutivo a los integrantes del más alto tribunal de justicia de la Nación.

Agregó que también habrá temas económicos en la convocatoria.

La vocera del gobierno dijo que la mayoría de los gobernadores apoyan la iniciativa del juicio político, lo cual es bastante equivocado porque son solo 11 los gobernadores que firmaron la iniciativa y en algunos casos quedaron dudas, como el de los gobernadores de Chubut y de Entre Ríos, en este último caso con el agravante de que lo dieron como que suscribía el pedido, algo que negó y en todo caso hubo versión de que le "trucharon" la firma.

El gobierno se apresta a recrear los próximos meses con este pedido de juicio político a los jueces de la Corte, cuando sabe que será imposible que prospere en el recinto de Diputados, ya que necesitaría de los dos tercios de los legisladores presentes.

Mientras tanto, se habla de tres o cuatro meses, y en ese sentido, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Carolina Gallard, será conocida como nadie. Ya empezó a recorrer programas políticos para hablar de lo que viene.

Si se hurga en la cuestión se supo -lo adelantó anoche en La Nación+ la periodista Laura Di Marco- que esta legisladora es sobrina del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, expulsado de su cargo por corrupción (fue condenado a ocho años por malversación de fondos públicos). 

La sobrina siempre defendió la inocencia de su tío, quien durante unos años fue embajador argentino en Israel y por la condena debió dejar el cargo diplomático.

Además la acción de la justicia entrerriana, cooptada por la línea del gobernador condenado, terminó destituyendo a la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, quien impulsó el juicio a Uribarri.

El gobierno sigue su campaña contra el Poder Judicial, cumpliendo las órdenes de su jefa, Cristina Kirchner, y por eso no debe sorprender que sin ponerse colorado el inefable ministro de Justicia, Martín Soria, diga que el presidente puede reformar el Consejo de la Magistratura por DNU y cita un artículo 99 de la Constitución nacional, sin duda una interpretación elemental y tramposa de la Carta Magna. Aunque el kirchnerismo siempre se caracterizó por ir en contra de las instituciones con argumentos tomados de los pelos.

ARTICULO 99

Vale la pena reproducir el texto del artículo 99 en lo relativo a los DNU, como para que el doctor Soria se tome un tiempo para leerlo de nuevo.

"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para ls sanción de la leyes y no se trate de normas que requieran materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, lo que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos en forma conjunta con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones política de cada Cámara.

Esta Comisión elaborará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras.

Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso".

Evidentemente, con el Congreso en funcionamiento la afirmación del ministro Soria es improcedente, aunque desde el kirchnerismo se suele gambetear a las instituciones con mucha cintura.

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