Por Eduardo Menescaldi
Desde el oficialismo se pretende someter a juicio político a los cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un procedimiento que ha generado todo tipo de polémicas, pero que fundamentalmente pone en tela de juicio la vigencia del sistema republicano, la Constitución y la división de poderes. Los que critican la decisión del kirchnerismo arguyen que no se puede dejar de acatar un fallo de la Corte, y en el fondo coinciden que es una triquiñuela de la vicepresidenta enojada por sus causas judiciales y la condena que recibió recientemente por la causa de Vialidad.
Desde fines de enero y principios de febrero -las sesiones extraordinarias del Congreso incluyen esta iniciativa entre los 27 proyectos que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo- será la Comisión de Juicio Político la que intentará centrar la atención mediática con el increíble pedido de juicio político a la Corte.
El oficialismo en la Comisión de Juicio Político cuenta con mayoría, porque tiene 16 de los 31 integrantes (y en esos 16 están incluidos los 3 diputados del Frente Renovador, que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa).
Con estas consideraciones vale destacar que el Frente de Todos presentó una nómina con más de 40 funcionarios y organismos que serán convocados a presentarse ante la Comisión. como testigos.
La iniciativa fue presentada por el diputado kirchnerista Eduardo Valdés (se le adjudicó ser el mentor del llamado operativo PUF PUF) y otros legisladores del FDT y cuenta con 410 páginas para justificar el pedido.
Por supuesto, entre los convocados están los cuatro jueces de la Suprema Corte, que no están obligados a asistir y podrían responder por escrito.
Pero a la hora de evaluar los diferentes testigos que integran la nómina presentada, soprende (o no tanto) que sean los principales detractores de la Corte, incluso aquellos que incitan a no respetar los fallos del Supremo Tribunal, los que están en la lista. Entre ellos los inefables gobernadores de feudos, como Ricardo Quintela, de La Rioja (hizo público su decisión de ir contra la Corte y de no acatar sus fallos), su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora... Son gobernadores de auténticos feudos, aunque a algunos no les guste el término, porque en sus provincias la primacía la tiene el empleo público, la justicia está cooptada, lo mismo que la prensa. En el caso de Santiago, el gobernador fustiga contra la Ciudad de Buenos Aires y en su provincia el ciudadano se queja de la falta de agua (aunque sí hay un estadio elefanteásico, llamado Bicentenario, que no tiene nada que envidiar a los que se vieron en el mundial de Qatar).
Además los otros gobernadores que junto al presidente de la Nación firmaron el pedido de juicio político: Alicia Kirchner (Santa Cruz); Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Bruno Arcioni (Chubut); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
A estos personajes se les suman el ex miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, autor de una teoría garantista de defensa de los delincuentes que mucho mal le ha hecho a la acción de los jueces. No olvidemos que fue acusado en su momento de alquilar departamentos donde se ejercía la prostitución.
También está el juez español Baltazar Garzón, de pública adhesión cristinista.
En la lista están las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. red nacional, el actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien en su momento fue presidente de la Corte de Santa Cruz, pero antes en 1995, con Néstor Kirchner como gobernador y Cristina como legisladora provincial, también lo era Zannini, presentaron un proyecto para desdoblar la Procuración de Santa Cruz en dos cargos: Agente Fiscal y Defensor de los Pobres. El objetivo era desplazar al Procurador, Eduardo Sosa, quien había denunciado al gobernador por determinadas maniobras ilícitas. Sosa fue desplazado de su cargo, quiso regresar y presentó el recurso ante la Corte Suprema de la Nación, que ordenó que volviera a su cargo. Sin embargo, los Kirchner nunca permitieron que esa orden se cumpliera.
Se agregan a la lista los familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas (¿tendrá que ver con la condenada en Jujuy, Milagro Sala...?), el Centro de Estudios Legales y Sociales, que conduce Verbitzky, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia zona Norte, Liga Argentina de los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina...
Además se cita al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, quien responde a las instrucciones de su jefa, Cristina Kirchner.
Quizás el profesional que mejor podría dar su opinión sobre el tema de la Corte y sus atribuciones sea el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aunque también habría que citar a su par del derecho constitucional, Daniel Sabsay, para escuchar todas las campanas.
EL HACKEO
En las citaciones se agrega al asesor y mano derecha del juez Rosatti, Silvio Robles; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, quien está de licencia, por el tema de los chats hackeados en forma irregular y difundidos curiosamente por un integrante de la Comisión en un programa mediático, Rodolfo Tailhade.
Se cita a los integrantes de la vocalía de Horacio Rosatti.
A todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan intervenido y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados.
CAZA DE BRUJAS
Como se ve la artillería del oficialismo, cuyos principales protagonistas en la Comisión son los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade pretenden transformarse en fiscales de la República, atacando desde un poder a otro y rompiendo la division que establece la Constitución nacional.
Un show mediático que ocupará todo febrero y que tendrá a los argentinos como espectadores de una puesta en escena que, se sabe, nunca podrá transformarse en sanción en el recinto porque se necesitan los dos tercios de los presentes.
Mientras el pais asistirá azorado a esta parodia con un guión K y poniendo a la República en la cornisa.
A la hora de citar testigos, ¿no sería bueno que la oposición también haga una lista de 40 ó más que se encarguen de poner los puntos sobre las íes de lo que marca el sistema democrático, la Republica y la Constitución nacional?
PD: Mientras esto "atrapa" al oficialismo y pretende ser la bomba de febrero en el Congreso, el dólar se acerca a Mar del Plata (irónica manera de hablar de los 404 kilómetros que separan a La Feliz de CABA), la inflación llegó al 95 por ciento anual, la pobreza mueve y conmueve, etcétera. ¿Alguien escuchará el reclamo de CACHO alguien a quien lo van a desalojar de la pensión el martes y que llevó su caso al programa LA CRUEL VERDAD, del Pelado Trebucq por América 24 y que dijo que hace veinte años que no encuentra manera de poder subsistir y que apenas vive de una jubilación de 40 mil pesos que no le alcanza...? CACHO dijo que había perdido la esperanza, que no le hablaran de sueños porque a los 70 años los perdió y que tiene que vender afiches para tener algo de dinero para hacer frente a los gastos diarios...
Es la gente que debe ser lo primero, como proclama el eslogan oficial, y que parece que en lugar de ocupar ese sitio está en el fondo de la cola de la preocupación de los que mandan... (oficialismo y oposición).
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