A contramano de los problemas de la gente común, el presidente de la Nación, Alberto Fernández y un grupo de gobernadores se reúnen en la Casa de Gobierno para promover el juicio político a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, Fernández y compañía quieren hacer historia para satisfacer la voracidad personal de la jefa, Cristina Kirchner, en una actitud de obsecuencia que mueve y conmueve.
El primero en llegar a la Casa de Gobierno fue el gobernador de Chaco, Coqui Capitanich, quien muy suelta de cuerpo dijo que la promoción del juicio político a los miembros de la Corte es una manera de evitar que la Corte incursione en funciones legislativas y ejecutivas.
Curiosa interpretación de quien alguna vez sin ponerse colorado, cuando era jefe de gabinete, rompió una tapa del diario Clarín porque publicaba una información que no le gustaba al gobierno.
Tanto Alberto Fernández como los gobernadores que participan de esta movida saben que será imposible sustanciar el juicio político porque se necesitarán en la Cámara de Diputados, el órgano acusador, los dos tercios de los miembros presentes. Eso es imposible por donde se lo mire y sin embargo se alienta esta movida para distraer a la opinión pública y hacer caso a CFK, quien está muy enojada con los jueces que la condenaron porque entiende que no hay pruebas para ello.
Lo que no dicen CFK y sus adláteres es que en otras causas la jefa fue sobreseida, en algunos casos sin llegar al juicio oral, algo inédito en la historia judicial argentina y en otros, hubo resolución de sobreseimiento en tiempo exprés, como el caso del enriquecimiento ilícito, con la decisión del entonces juez Oyarbide (quien tiempo después reconoció que lo habían tomado del "cogote" para se pronunciara en ese sentido) y sin la apelación del fiscal Taiano (le secuestraron un hijo).
Cuando llega el sobreseimiento no se habla de fake news ni de lawfare. Cuando la justicia falla en otro sentido, entonces llega la campaña contra los jueces, los aprietes, la campaña mediática de los órganos kirchneristas, etcétera. O sea, se habla del lawfare para perjudicar a la jefa. Y resulta que la condena de seis años se apoyó en una avalancha de pruebas después de más de tres años de juicio.
Capitanich, como un siempre listo gobernador para estar en forma empática con CFK, fue el primero en llegar a Buenos Aires. Y la pregunta que queda picando: ¿en su provincia es un exitoso gobernador...?
Y no nos quedemos solo con Coqui: por qué no hablar del inefable gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien también hizo denuncia penal contra un juez de la Corte, y resulta que en su provincia falta de agua -el reclamo que hizo sin ponerse colorado el presidente Fernández- y sobra un estadio al mejor estilo Qatar, que costó miles de milones de pesos.
Como se ve, los gobernadores parecen querer remedar el siglo XIX en el país -unitarios versus federales- pero la realidad, que es la única verdad, dice que ninguno de estos mandatarios llega a estar a la altura de los caudillos federales de ese siglo.
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