Mientras la vicepresidenta pretende poner en jaque a la Justicia porque no le gusta el fallo de los fiscales, en la causa Vialidad, el ministro de Economía de la Nación implementa un duro ajuste, que afecta a la educación.
Ariel Domene, ex funcionario del gobierno del anterior intendente de Quilmes, Martiniano Molina, se quejó en las redes de lo que entiende un golpe fuerte a la educación por el ajuste establecido por el decreto 826 de este año.
Explicó que el ajuste copmrende el Programa 37 infraestructura y equipamienteo, por 5 mil millones de pesos, Programa 46, fortalecimienteo de edificios y jardines, 15 mil millones y Programa 47, Conectar igualdad, 30 mil millones de pesos, o sea un total de 50 mil millones de pesos.
Domene recordó que Rivas sostiene que garantizar el acceso a la educación es una vía fundamental para acceder a otros derechos, por ejemplo, al trabajo y a la seguridad social. Se coincide con su posición y se debe enfrentar como doblemente exigible: por ser un derecho en sí y por ser condición para el cumplimienteo de otros derechos humanos.
El ajuste implicará la falta de construcción de 382 jardines, 562 aulas aproximadamente que no podrán llevarse a cabo.
El Instituto de Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires dice que no hay justicia social sin justicia educativa. La educación es la llave de la constitución integral del ser humano y la infancia debería ser una prioridad en una provincia donde más del 70 por cienteo de esta franja etarea está por debajo de los índices de pobreza.
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