MOVILIZACION CONTRA LA CORTE: REPUDIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

 El mes de febrero, que está a la vuelta de la esquina, comenzará con una absurda marcha contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, alimentada por otro poder de la Nación, el Ejecutivo.

Por lo que se ha visto la convocatoria que encabezan el dirigente Luis D´Elía y el juez de la Nación, Ramos Padilla padre, ha logrado convencer a funcionarios del gobierno nacional e incluso al propio presidente Alberto Fernández que se pusieron a apoyar una convocatoria que parece agravar la famosa grieta que separa a los argentinos desde hace tiempo.

Habría que preguntarle al hombre común si le interesa o no la marcha, y seguramente la gran mayoría dirá que hay temas mucho más importantes para considerar e intentar, solucionar, antes que organizar una marcha para repudiar a la Justicia -no la Legítima, que también apoya la marcha- y en todo caso poner otro argumento en la búsqueda de la impunidad de las causas de la vicepresidenta de la Nación.

Lo que ha logrado la marcha del martes 1 a la tarde frente a los Tribunales de Capital es generar una contramarcha prevista para dos días después, el jueves 3, que coincide con la conmemoración de dos batallas: San Lorenzo, con San Martín y los Granaderos, y Caseros, con la victoria de las tropas de Justo José de Urquiza sobre las fuerzas del Restaurador, Juan Manuel de Rosas.

HABLO LA FACA

Se conoció un comunicado de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) sobre la movilización del martes. Expresó "su profunda preocupación con motivo de la movilización convocada para el 1 de febrero por referentes de distintas organizaciones sociales con el declarado motivo de echar o exigir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"La convivencia democrática en un estado de derecho supone que tanto gobernantes como gobernados sin excepción deben ajustar su conducta a lo dispuesto por la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia.

"Enlo que refiere a los objetivos de tal movilización cabe señalar que nuestra Ley Fundamental prevé los mecanismos institucionales para la designación y remoción de los tres poderes del Estado. En lo que aquí atañe asigna a la Cámara de Diputados y solo a ella ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o po rdelito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos (art. 53 de la Constitución Nacional). A su vez delega en el Senado de la Nación la facultad exclusiva de juzgarlos en juicio público y resolver sobre su culpabilidad y la procedencia de su destitución garantizando el derecho de defensa y el debido proceso de los acusados (artículos 59 y 60 de la Constitución).

"Por el contrario, ningún tipo de personas so pretexto de ejercer el legítimo derecho a reunirse, manifestarse o peticionar a las autoridades, puede atribuirse los derechos del pueblo y actuar en nombre de éste, en tanto esa función  en un sistema representativo y republicano de gobierno solo compete a los únicos frepresenteantes que la propia Constitución Nacional reconoce (artículos 1 y 22) cuales son los surgidos democráticamente de su voluntad soberana.

"Consecuentemente, el llamado a una marcha con el fin de echar, procurar la renuncia o la destitución de los integrantes de cualquiera de los tres poderes -en este caso los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Nación- que son pilares de nuestro sistema de gobierno, constituye un acto claramente lesivo al orden constitucional, a las instituciones de la República y particularmente a la independencia del Poder Judicial.

"La preocupación inicialmente expresada cobra maykor dimensión -corresponde decirlo- cuando se advierte que la convocatoria en cuestión es alentada, promovida o justificada por funcionarios públicos, inegrqantes d elos otros poderes e incluso del propio Poder Judicial, que en sintonía con la jerarquía de sus cargos son los primeros llamados a conducirse con arreglo a la ley y absoluto respeto por los valores republicanos.

"Esta Federación Argentina de Colegios de Abogados, comprometida desde hace más de cien años con la defensa de la democracia, las libertades públicas y el respeto irrestricto por los derechos humanos, estima que ese no es el camino, dicho esto desde el convencimiento de que solo el respeto a la ley y el ejercicio responsable de nuestros derechos ciudadanos, nos hará miembros orgullosos de una Nación que nos incluya a todos en un ámbito de paz social, justicia y libertad".

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