Desde la provincia de Formosa se comienza a aceptar que el régimen sanitario que se había establecido por el Coronavirus era excesivamente riguroso y si bien no se violaban los derechos humanos la realidad es que se los afectaba.
Así lo señaló la titular de Amnesty Internacional Argentina y así lo entendió el propio gobierno provincia que comanda desde hace 25 años Gildo Insfrán.
En ese sentido la primera repercusión de las denuncias y de la presencia de Amnesty en la provincia la dio el Comité para la Emergencia Covid que en conferencia de prensa anunció cambios.
El polémico ministro de Seguridad, Jorge González, que hasta hace poco era muy riguroso para justificar los métodos que se aplicaban en la provincia hoy dijo que se había detectado una evolución favorable epidemiológica en el territorio.
Así se dijo que podrán hacer cuarentena en casa y no en los impresentables centros de aislamiento las familias que tengan contactos estrechos o ingresen a la provincia con menores en el grupo. También, las familias con mayores de 60 años o personas con morbilidades constatadas.
Asimismo, los pacientes positivos de coronavirus pero asintomíticos o con síntomas leves podrán permanecer internados solo diez días y luego dados de alta con estricto protocolo. Los positivos menores de edad podrán transitar toda la enfermedad en sus hogares, con cuadros asintomáticos o moderados.
En cuanto a los que estén en centros de aislamiento por contactos de estrechos las flexibilizaciones pasan por que los integrantes de un grupo familiar podrán realizar los últimos cuatro días cuarentena en sus casas. O sea, solo estarán en el centro de aislamiento diez días.
Evidentemente, Formosa tuvo que aceptar que se habían extralimitado en sus decisiones por el coronavirus y estas flexibilizaciones demuestran que las denuncias que se habían realizado tenían asidero.
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