DENUNCIA PENAL POR LA SITUACION COMPROBADA EN FORMOSA (I)

Doctora Mónica Frade

 Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Rubén Manzi, Carolina Castets, Héctor Flores, Alicia Terada, María Lucila Lehman y Javier Campos han presentado una denuncia penal contra el Secretario Nacional de DD HH, Horacio Pietragalla, por la situación que se advirtió en estos tres días en que algunos de ellos estuvieron en Formosa para comprobar la realidad de la situación en la provincia gobernada por Gildo Isfrán.

Se pide que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y encubrimiento, previstos en los artículos 248, 277 y concordantes del Código Penal "cuya comisión quedara probada mediante la respectiva investigación, atribuidos al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señor Horacio César Pietragalla Corti, en ocasión de concurrir en misión oficial a la provincia de Formosa, entre los días 27 al 29 de enero del corriente año, a los fines de proceder de acuerdo con las misiones y funciones de su cargo, ante las denuncias de violencia institucional acaecidas en la provincia, con motivo de las disposiciones de aislamiento social preventivo en materia sanitaria, conforme a los antecedentes descriptos a continuación. 

A partir de aquí los legisladores recuerdan las medidas dispuestas por la pandemia a nivel nacional y ponen el énfasis en que la provincia de Formosa endureció aun más las medidas sanitarias impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional "con un temperamento contrario, incluso, a los estándares internacionales dispuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al contar los hechos verificados se comienza hablando de los "varados", porque se crearon verdaderas fronteras entre Formosa y las provincias linderas. Así muchos residentes y formoseños nativos no pudieron ingresar libremente a la provincia, so pretexto de contagio por Covid y por lo tanto quedaron varados a la vera de la ruta.  A estos varados se les negó el acceso a cualquier protocolo sanitario, a la vez que se le suprimió el derecho humano básico de circulación. Esto se prolongó durante ocho ininterrumpidos meses . De modo aberrante, dice el informe, familias con niños menores y adultos mayores pasaron a vivir a la intemperie, lejos de sus viviendas y sin posibilidad de trabajo ni atención sanitaria.

Se añade que el gobierno formoseño se arrogó el derecho a permitir ingresar, permanecer y salir de la provincia. "Este inhumano plan, de cosificación de grupos familiares íntegros, fue sostenido con anuencia del Poder Judicial local. El país entero y sus tres poderes, provinciales y nacionales  fueron testigos de esta escabrosa práctica apelada como política sanitaria".

Se recuerda entonces que fue necesario que llegara a la Corte Suprema de la Nación una acción de amparo colectivo para que la justicia federal ordenara a la provincia arbitrar los medios para garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas necesarias que se estimen pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, con un plazo máximo de quince días.

Se menciona el artículo 14 de la Constitución nacional que consagra el derecho de cada habitante para entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Como señaló la Corte esa libertad se halla también en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La alteración del derecho a la libre circulación expone a las personas a padecer formas de trabajo forzoso o a tener que recurrir a los traficantes de personas para poder entrar y salir del territorio, provincias con una importante población de pueblos originarios, tradicionalmente discriminada y explotada, con graves problemas de trabajo forzoso y de necesidad de desplazarse por empleos temporarios, vieron agravada su situación con esta clase de medidas que favorecieron e incrementaron sus condiciones de extrema vulnerabilidad.

Se concluye que la provincia hizo caso omiso del artículo constitucional que establece que es el gobierno federal el que regula el tránsito interprovincial. "Tanto es así que el gobernador Insfrán inmovilizó a los formoseños, mediante una diatriba basada en el temor a los contagios, en contra de la justicia federal y de la Constitución nacional.

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