En un comunicado la senadora provincial Lorena Petrovich, vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, expresó su preocupación por la situación del periodista quilmeño Roberto Carrigall ante la reacción del ejecutivo quilmeño "que es contraria a lo que la tranquilidad pública reclama".
Dice la legisladora que "en mi carácter de vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Alta bonaerense no puedo menos que expresar mi preocupación en torno a la situación que se ha generado luego de que el periodista quilmeño Roberto Carrigall publicara en sus redes sociales una nota en la que se hace referencia a un lote de vacunas Sputnik V enviadas al Hospital Eduardo Oller, de San Francisco Solano.
Tras esa difusión se produjo una reacción por parte del Ejecutivo Municipal quilmeño que es contraria a lo que la tranquilidad publica reclama.
El sistema republicano coloca el deber de brindar información en la punta de la pirámide de las obligaciones de cualquier gobierno. Eso no solo es bueno sino el único antídoto contra la preocupación colectiva.
En cambio, el Ejecutivo que conduce la intendente Mayra Mendoza hizo saber por su secretario de Comunicación, el senador provincial (MC) Alberto De Fazio que denunciarán al periodista en sede federal, sindicándolo como autor de los delitos que tipifica el artículo 205 del Código Penal.
Al mismo tiempo, y sin el menor rigor responsable, vinculó el contenido de esa nota con el frente político que integro, calificando de "secta de fanáticos" a la Coalición Cívica, colocando apodos irrespetuosos para una legisladora nacional y permitiendo en los muros de sus redes, una poco decorosa catarata de insultos hacia representantes de este espacio político.
La gestión de la intendente Mayra Mendoza rechazó al contenido de esa nota publicada por el periodista, pero omitió dar información pública que aclare la veracidad o no de ese contenido. Solo lo negó.
En simultáneo se produjeron una serie de hechos encadenados en los que el periodista recibió y sigue recibiendo ataques personales, injurias, calumnias, y acciones concretas en las que se está intentando impedirle continuar con su tarea profesional.
Todo ello hace un combo que nos obliga a un estado de alerta concreto, y a solicitar al Ejecutivo municipal quilmeño que recuerde que aplicar violencia verbal, perseguir -que no es lo mismo que exigir responsabilidad informativa- y alimentar discursos que incluyen insultos; lejos de ser parte del comportamiento esperable de los representantes de la ciudadanía, es una escalada peligrosa que degrada la instituciones.
Repudio la violencia en todas sus formas.
Solicito el cese de las conductas que la alimentan y me solidarizo con el trabajador de prensa en tanto está siendo víctima de un proceso que nada tiene que ver con lo esperable dentro de cualquier controversia informativa que pueda generarse en democracia, sino más afín a períodos en los que el ataque personal resolvía diferendos.
Cerraremos filas para continuar atentos en la defensa de la convivencia pacífica, la representación responsable y la sólida defensa de la libertad de prensa, expresión y pensamiento".
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