El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó la creación del Régimen Especial de Prácticas de Formación para el Empleo, proyecto que impulsa el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción a través de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.
El objetivo es facilitar el acceso al empleo formal a sectores de la población en estado de vulnerabilidad laboral y/o social con un programa de capacitación teórico práctica para puestos de trabajo con vacantes efectivas.
La ley procura mejorar las condiciones de empleabilidad, a través del desarrollo de prácticas formativas en ambientes de trabajo para fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de los practicantes en sintonía con los perfiles requeridos por el mercado laboral actual.
El ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti, señaló que desde la Ciudad se advirtió que muchos vecinos necesitan reconvertir sus habilidades y competencias para acceder a ofertas de empleo en un mercado laboral muy cambiante.
La ley busca generar sinergia entre el Estado y el entramado productivo local, para mejorar las condiciones de empleabilidad de la población.
Según la norma está en situación de vulnerabilidad laboral y/o social las personas o grupos poblacionales que tengan dificultades en el acceso al trabajo. La iniciativa pone prioridad el acompañamiento a mujeres, a jóvenes que aspiren al primer empleo y a adultos mayores de 40 años que busquen insertarse nuevamente en el ámbito laboral.
"La formación es la llave para desarrollar un mercado laboral con igualdad de oportunidades. Desde la Ciudad se trabaja día a día para articular acciones conjuntas entre el sector público y privado para acceder a un empleo formal" dijo el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Jarvis.
Las empresas públicas o privadas que puedan participar del régimen de formación en el rol de entidades formadoras deben cumplir una serie de requisitos. Deberán presentar una propuesta de capacitación técnica y práctica que busque incrementar las competencias, habilidades y destrezas de los beneficiarios y que se adapte a una demanda laboral específica, es decir, que presente los conocimientos adecuados para responder a las necesidades reales de la empresa.
La duración de las prácticas será de entre tres y seis meses y contará con una carga horaria máxima de 4 horas diarias o 20 semanales. Habrá seguimiento personalizado para acompañar el proceso formativo desde el inicio a la finalización.
Cada practicante recibirá una suma de dinero mensual fija en concepto de asignación estímulo, que podrá ser financiada en forma conjunta o independiente por parte del gobierno y la entidad formadora.
Una vez que se completó el proceso formativo, el objetivo es que los practicantes puedan incorporarse laboralmente en las posiciones por las que fueron capacitados.
La iniciativa se orienta a mejorar las condiciones de empleabilidad, lograr igualdad de oportunidades y la formación de los trabajadores en áreas en expansión. De este modo, se ayudará a generar oportunidades laborales, principalmente en aquellos sectores vinculados a la tecnología, la innovación y la industria del conocimiento.
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