La Cámara del Crimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acaba de considerar inconstitucional el proyecto de reforma judicial que lanzó el Poder Ejecutivo.
El periodista Daniel Santoro publicó al respecto que la Cámara entiende que el proyecto "desguaza" por completo el fuero e hicieron propuestas para mejorar el servicio de la Justicia.
En ese sentido sostuvieron que es más razonable crear nuevos juzgados en el Gran Buenos Aires donde aumentan los crímenes, mucho más que en Capital.
Tras señalar quienes firman la acordada -los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero- Santoro informa que el escrito, que los camaristas enviaron al Congreso y al gobierno, subraya que el fuero tiene 75 vacantes actualmente y el gobierno quiere que jueces de instrucción subroguen en los futuros 34 juzgados federales que se crearían en un año y medio hasta que se nombre a los magistrados titulares. Hoy hay 12 jueces federales de instrucción en los tribunales de Comodoro Py.
"En el supuesto de conservar la Nación los recursos humanos de la Justicia Nacional, en lugar de desguazarlos, desperdigarlos y someterlos a una larga agonía funcional y disponerse a edificar nuevamente (como en 1992, con la reforma de Carlos Menem) sobre los cimientos de lo que se ha tenido por errado, podrá aplicarlos a la mejora de la Justicia Federal, cuanto menso para reforzar el juzgamiento de las modalidades delictivas enunciadas".
El Tribunal dice que la eventual reforma afectaría el funcionamiento de los tribunales de la Justicia nacional en lo criminal y correccional de la Capital Federal, a sus magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados.
En la actualidad este fuero se especializa en víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a los que pudieran encontrarse expuestos. No en casos de corrupción que es atribución de los jueces federales que constituyen otro fuero.
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