Los bloques opositores en el Concejo Deliberante de Quilmes, Juntos por el Cambio y GEN presentaron un proyecto de ordenanza para declarar en el distrito la emergencia en seguridad pública por 180 días.
El proyecto se basa en la preocupación de los vecinos por el aumento de casos de inseguridad a diario en los distintos barrios.
Teniendo en cuenta la dimensión del daño económico que provoca a las familias, comercios y empresas los hechos de inseguridad, los ediles consideran que es una problemática que no puede ser desatendida, ya que son las autoridades del Estado las que deben dar respuesta a los vecinos y generar el marco normativo que favorezca el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, además de la convivencia pacífica y segura.
Los bloques opositores consideran que es necesaria la construcción de una sociedad protegida, que cuente con un plan de prevención del delito y con las herramientas adecuadas para una pronta solución de los conflictos que en ella pudieran generarse.
Un plan de seguridad sostenible en el tiempo implica, inevitablemente, reforzar los recursos humanos, logísticos y económicos para ejecutarlo.
Por eso se pidió al Departamento Ejecutivo que se apruebe esta iniciativa, que determina la emergencia en seguridad, asimismo que se habilite a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Concejo Deliberante para realizar el control y seguimiento de las políticas a adoptar y exigir al Ejecutivo municipal que por su intermedio requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación el envío de fuerzas federales, para reforzar la presencia de efectivos en las calles.
El proyecto se basa en la preocupación de los vecinos por el aumento de casos de inseguridad a diario en los distintos barrios.
Teniendo en cuenta la dimensión del daño económico que provoca a las familias, comercios y empresas los hechos de inseguridad, los ediles consideran que es una problemática que no puede ser desatendida, ya que son las autoridades del Estado las que deben dar respuesta a los vecinos y generar el marco normativo que favorezca el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, además de la convivencia pacífica y segura.
Los bloques opositores consideran que es necesaria la construcción de una sociedad protegida, que cuente con un plan de prevención del delito y con las herramientas adecuadas para una pronta solución de los conflictos que en ella pudieran generarse.
Un plan de seguridad sostenible en el tiempo implica, inevitablemente, reforzar los recursos humanos, logísticos y económicos para ejecutarlo.
Por eso se pidió al Departamento Ejecutivo que se apruebe esta iniciativa, que determina la emergencia en seguridad, asimismo que se habilite a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Concejo Deliberante para realizar el control y seguimiento de las políticas a adoptar y exigir al Ejecutivo municipal que por su intermedio requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación el envío de fuerzas federales, para reforzar la presencia de efectivos en las calles.
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