La Municipalidad de Quilmes apeló el fallo obtenido por la asociación civil Caballos de Quilmes, en el marco de una medida cautelar que buscaba el cumplimiento de la vigente ordenanza que impide la tracción a sangre y que fundamentalmente iba a ser utilizada para colocar un chip a los animales que circulan por la ciudad.
Tras la protesta de decenas de carros con caballos en las puertas del palacio de justicia, determinó que la Municipalidad decida la apelación.
La Asociación Civil Caballos de Quilmes, a través del letrado, doctor Leonardo Barnabá, tomó vista de los argumentos con los que la Municipalidad, a cargo del intendente Martiniano Molina, dispuso la apelación.
Desde la Asociación se señaló que era paradójico que el Estado municipal apele el fallo que lo obliga a cumplir una norma que el mismo Estado generó.
Y se recordó que está vigente la ordenanza, aunque después de siete años no fue reglamentada.
"Pero esta falta de reglamentación, absolutamente atribuíble al gobierno municipal, no puede ser ni resuelta ni disculpada tratando de impedir que la Justicia atienda el reclamo por su aplicación" agregaron.
Barnabá -quien el pasado viernes explicó la cuestión en el programa Cultivos de Quilmes, por Radio Quilmes (106.5)- reiteró que "ante los débiles argumentos del municipio hubo respuesta de la Asociación, y ahora será la Cámara de Apelaciones la que tendrá la última palabra, y esperamos su decisión".
Barnabá señaló que la Municipalidad explicó que no podía aplicar la norma ante la falta de reglamentación. "Aquí entramos en un callejón sin salida, por cuanto solo el municipio puede hacer eso. Si no lo hace, incumple su función pero, además, como hemos expresado ante la Justicia, estamos ante una división de poderes lesionada. El Legislativo quilmeño sancionó la norma y debe ser cumplida, ya que el Ejecutivo pudo haberla vetado y no lo hizo. ¿Cómo entendemos la situación?".
Ante las argumentaciones del municipio, Barnabá sostuvo: "Dicen además que haber hecho lugar a la medida cautelar, avanzó sobre la cuestión de fondo. A nuestro humilde entender, eso es falso. La ordenanza tiene muchísimos puntos y nosotros solo pedimos -y logramos en primera instancia- que se cense a los animales con un chip que permita saber de qué población actual hablamos y su estado. La diferencia es muchísima".
El letrado lamentó que el municipio "gaste recursos y tiempos en detener la aplicación de una norma a la que está obligado, en lugar de avanzar en lo que resolvería este flagelo: un censo, el reemplazo de los animales, la mejora en las condiciones de trabajo de los recicladores informales y el fin de la matanza diaria de equinos".
Barnabá reiteró que ahora hay que esperar la decisión de la Cámara, agregando el deseo "de que se la deje trabajar en paz y sin presiones callejeras que en nada colaboran con la solución de los problemas".
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