El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, firmó un convenio de recíproca colaboración con el Patronato de Liberados Bonaerense, que tiene como objetivo promover la disminución de la reincidencia delictiva así como generar acciones de asistencia efectiva para las personas supervisadas por el Patronato y su núcleo familiar.
El convenio establece que ambas instituciones participarán en el diseño e instrumentación de programas para obtener una adecuada inclusión social de las personas en conflicto con la ley penal.
El acuerdo tiene como enfoque central la reinsersión social de los tutelados, desde una perspectiva de derechos humanos.
"La firma del convenio favorece un trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado en pos de promover estrategias de prevención del delito y el diseño de políticas públicas que faciliten el acceso y goce igualitario a derechos" sostuvo Molina, quien agregó que "hemos asumido el compromiso de coordinar y articular los recursos territoriales".
Del acto también participaron el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pereiro, y el titular del Patronato, Fabián Leonardi.
Por el municipio estuvieron el coordinador general de gobierno, Diego Buffone, el subsecretario de Derechos Humanos, José Estevao y la subsecretaria de Género y Familia, Ileana Lingua.
Frente a la importancia de revalorizar el trabajo como una estrategia de prevención del delito y como instrumento de integración y emancipación indispensable para la construcción de un proyecto de vida, en la cláusula tercera la Municipalidad se compromete a incluir a las personas en conflicto con la ley penal en todo programa de capacitación laboral y de oficios que desarrolle.
La cláusula cuarta estipula que el Patronato podrá derivar a la Municipalidad a aquellas personas que deban realizar tareas comunitarias no remuneradas en cumplimiento de sus respectivas penas o pruebas por disposición judicial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 184 de la ley 12256.
El Patronato de Liberados es un organismo público orientado a la prevención del delito a través de la creación de políticas que promuevan la inclusión social.
La labor interinstitucional y la atención conjunta de la problemática permiten el fortalecimiento de los proyectos personales y familiares de la población supervisada, lo que impacta positivamente en la disminución de la reincidencia.
Comentarios