Los ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina fueron procesados por el manejo de Fútbol para Todos.
La juez federal María Romilda Servini de Cubría procesó hoy a los últimos tres jefes de gabinete del gobierno kirchnerista.
Según el fallo, al que accedió el matutino Clarín, la medida se hizo extensiva al presidente de AFA, Luis Segura y a los dirigentes Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Angel Silva, Eduardo Espinosa y Rubén Raposo.
La magistrada dictó además el sobreseimiento del actual coordinador ejecutivo en la Secretaría general de la Presidencia, a cargo de Fernando de Andreis, y secretario Ejecutivo de Fútbol para Todos durante 2012, Mariano Delorenzi.
La causa comenzó en mayo de 2014, a raíz de la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, quien apuntó a modificaciones en el convenio entre la AFA y el gobierno, al irregular manejo de la pauta publicitaria y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la trasmisión de los partidos.
También denunció que la AFA no cumplió con los pagos, y que los clubes habrían desviado el dinero.
A los directivos o ex directivos la jueza les imputó tres tipos de desvíos: el pago a la fundación El futbolista, que recibía el 2 por ciento de los fondos públicos; garantizar siete préstamos otorgados por el Banco Credicoop a la AFA con la cesión del convenio firmado el 20 de agosto de 2009, y la operatoria de descuento de cheques de pago diferido en una serie de cuevas. A todos ellos, Servini los procesó por el delito de partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta, agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.
En cambio, a los ex jefes de gabinete, la jueza los procesó, sin prisión preventiva, como autores del delito de violación de los deberes de funcionario público. A Fernández, Capitanich y Abal Medina les imputó no haber controlado los fondos del FPT y los contratos de esponsoreo con la empresa IVECO, sin licitación.
Para la justicia la falta de controles permitió el desvío en sus tres variantes. "Desde setiembre de 2009 a diciembre de 2015 las acreditaciones a al AFA de parte de la Jefatura de Gabinete ascienden aproximadamente a la suma de 5.621.799.796, 57 pesos, una suma por demás considerable para dejarla librada al azar, o a las cláusulas del contrato asociativo celebrado, puntualizado por la Auditoría General de la Nación con deficiencias en materia de control y cumplimiento de metas" dice el fallo de 343 carillas.
En el caso de los pagos a la fundación El Futbolista, que depende de Futbolistas Argentinos Agremiados, se detectó que durante la gestión de Aníbal Fernández se transfirieron 36.414.398 pesos, en la de Abal Medina un total de 28.452.269 pesos y en la de Capitanich, 21.780.207 pesos.
Esa fundación, que supuestamente estaba destinada a "elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares promoviendo el desarrollo integral del individuo" tenía varios plazos fijos en diferentes bancos y 2 millones de dólares en dos cajas de seguridad.
Los aportes, según Servini de Cubría, no eran legales porque no estaban en el estatuto original de FPT.
La juez federal María Romilda Servini de Cubría procesó hoy a los últimos tres jefes de gabinete del gobierno kirchnerista.
Según el fallo, al que accedió el matutino Clarín, la medida se hizo extensiva al presidente de AFA, Luis Segura y a los dirigentes Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Angel Silva, Eduardo Espinosa y Rubén Raposo.
La magistrada dictó además el sobreseimiento del actual coordinador ejecutivo en la Secretaría general de la Presidencia, a cargo de Fernando de Andreis, y secretario Ejecutivo de Fútbol para Todos durante 2012, Mariano Delorenzi.
La causa comenzó en mayo de 2014, a raíz de la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, quien apuntó a modificaciones en el convenio entre la AFA y el gobierno, al irregular manejo de la pauta publicitaria y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la trasmisión de los partidos.
También denunció que la AFA no cumplió con los pagos, y que los clubes habrían desviado el dinero.
A los directivos o ex directivos la jueza les imputó tres tipos de desvíos: el pago a la fundación El futbolista, que recibía el 2 por ciento de los fondos públicos; garantizar siete préstamos otorgados por el Banco Credicoop a la AFA con la cesión del convenio firmado el 20 de agosto de 2009, y la operatoria de descuento de cheques de pago diferido en una serie de cuevas. A todos ellos, Servini los procesó por el delito de partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta, agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.
En cambio, a los ex jefes de gabinete, la jueza los procesó, sin prisión preventiva, como autores del delito de violación de los deberes de funcionario público. A Fernández, Capitanich y Abal Medina les imputó no haber controlado los fondos del FPT y los contratos de esponsoreo con la empresa IVECO, sin licitación.
Para la justicia la falta de controles permitió el desvío en sus tres variantes. "Desde setiembre de 2009 a diciembre de 2015 las acreditaciones a al AFA de parte de la Jefatura de Gabinete ascienden aproximadamente a la suma de 5.621.799.796, 57 pesos, una suma por demás considerable para dejarla librada al azar, o a las cláusulas del contrato asociativo celebrado, puntualizado por la Auditoría General de la Nación con deficiencias en materia de control y cumplimiento de metas" dice el fallo de 343 carillas.
En el caso de los pagos a la fundación El Futbolista, que depende de Futbolistas Argentinos Agremiados, se detectó que durante la gestión de Aníbal Fernández se transfirieron 36.414.398 pesos, en la de Abal Medina un total de 28.452.269 pesos y en la de Capitanich, 21.780.207 pesos.
Esa fundación, que supuestamente estaba destinada a "elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares promoviendo el desarrollo integral del individuo" tenía varios plazos fijos en diferentes bancos y 2 millones de dólares en dos cajas de seguridad.
Los aportes, según Servini de Cubría, no eran legales porque no estaban en el estatuto original de FPT.
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