Se conoció un decreto de la presidenta de la Nación por el que se dispone indemnizar a través del estado a la familia del subcomisario Jorge Gutiérrez, asesinado en agosto de 1994, cuando investigaba un depósito en Avellaneda, ligado con la llamada Aduana Paralela.
El resultado es el desenlace de un reclamo histórico de la familia del subcomisario -hermano del intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez- y según pudo saberse la indemnización supera los 190 mil dólares.
La presidenta hace caso a una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Según el decreto la jefa de Estado dispuso el pago en efectivo de la sentencia de 191.883,31 dólares, más los intereses moratorios correspondientes para el caso de la indemnización por daño moral e inmaterial a favor de las víctimas del caso y por reintegro de costas y gastos, por el lapso comprendido entre el vencimiento del plazo de la sentencia (19 de diciembre de 2014) hasta la fecha de la efectiva cancelación.
Vale recordar que el subcomisario Gutiérrez fue encontrado muerto cuando viajaba en el Ferrocarril Roca desde Avellaneda a Quilmes con un tiro en la cabeza en la madrugada del 29 de agosto de 1994.
El policía trabajaba en la segunda de Avellaneda, y pudo advertir la existencia de un depósito clandestino aledaño a la comisaría.
Un libro -Maten a Gutiérrez- refleja con lujo de detalles la historia de la investigación del asesinato del subcomisario, incluso con las hipótesis de los responsables del crimen.
El caso llegó a la Cámara de Diputados de la Nación, concretamente a la comisión investigadora de la Aduana Paralela, que comandaba el legislador Mario Das Neves.
El principal sospechoso del asesinato es un cabo de la policía federal, Alejandro Daniel Santillán, quien había tenido como colaborador a Francisco Severo Mostajo, de la policía bonaerense.
El resultado es el desenlace de un reclamo histórico de la familia del subcomisario -hermano del intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez- y según pudo saberse la indemnización supera los 190 mil dólares.
La presidenta hace caso a una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Según el decreto la jefa de Estado dispuso el pago en efectivo de la sentencia de 191.883,31 dólares, más los intereses moratorios correspondientes para el caso de la indemnización por daño moral e inmaterial a favor de las víctimas del caso y por reintegro de costas y gastos, por el lapso comprendido entre el vencimiento del plazo de la sentencia (19 de diciembre de 2014) hasta la fecha de la efectiva cancelación.
Vale recordar que el subcomisario Gutiérrez fue encontrado muerto cuando viajaba en el Ferrocarril Roca desde Avellaneda a Quilmes con un tiro en la cabeza en la madrugada del 29 de agosto de 1994.
El policía trabajaba en la segunda de Avellaneda, y pudo advertir la existencia de un depósito clandestino aledaño a la comisaría.
Un libro -Maten a Gutiérrez- refleja con lujo de detalles la historia de la investigación del asesinato del subcomisario, incluso con las hipótesis de los responsables del crimen.
El caso llegó a la Cámara de Diputados de la Nación, concretamente a la comisión investigadora de la Aduana Paralela, que comandaba el legislador Mario Das Neves.
El principal sospechoso del asesinato es un cabo de la policía federal, Alejandro Daniel Santillán, quien había tenido como colaborador a Francisco Severo Mostajo, de la policía bonaerense.
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