El 14 de marzo a las 11 será el acto de señalización en el Pozo de Quilmes, convocada por Memoria, Verdad y Justicia.
Se trata de la brigada de investigaciones de Quilmes, donde funcionó el centro clandestino de detención y torturas Pozo de Quilmes.
Desde agosto de 1975 y con mayor intensidad desde marzo del año siguiente, con el golpe de Estado, la dependencia policial funcionó como centro de detención ilegal en el marco de un plan sistemático de terror y exterminio, implementado por la última dictadura cívico militar (1976/83).
Según los testimonios obrantes en el archivo de la memoria permanecieron secuestradas 250 hombres y mujeres, perseguidos por su militancia política, social y sindical. Eran centros de torturas para los que luego eran trasladados a otros centros de detención, asesinados o desaparecidos.
Ese lugar integró el circuito Camps, tal como se conoció a la red de 29 centros clandestinos de detención, que funcionaron en dependencias policiales del Conurbano bonaerense y La Plata, bajo el mando del general Camps y desde diciembre de 1977, del general Ovidio Pablo Ricchieri.
El Pozo también se integró al funcionamiento del plan de coordinación represiva criminal entre las dictaduras latinoamericanas durante los 70, donde diez embarazadas, unos 20 niños y adolescentes, entre 8 y 17 años, estuvieron detenidos en forma clandestina, entre ellos algunos estudiantes secundarios secuestrados en el operativo conjunto del Batallón 601 y la policía bonaerense conocida como la noche de los lápices.
En 1984, pese a las reformas hechas para ocultar la estructura edilicia, la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) reconoció el lugar de permanencia por varios elementos e inscripciones y pinturas destacadas por los sobrevivientes.
En diciembre de 2012 se condenó a prisión al ex ministro de gobierno, Jaime Lamont Smart y ex policía Norberto Cozzani y el ex coronel Rodolfo Aníbal Campos por algunos de los crímenes cometidos en el circuito Camps, que no llegaron a incluir casos del Pozo de Quilmes, entre otros el médico policial Jorge Bergés quien recibió la pena de 25 años.
La señalización de los sitios de la memoria (ley nacional 26696 y provincial 13584) hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa que el espacio público y el compromiso del estado democrático de dar a conocer y condenar los crímenes, impulsar el juzgamiento de los responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.
A treinta años de la recuperación de la democracia y a treinta y ocho años del golpe cívico militar, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y por eso están siendo juzgados. Un nunca más al terrorismo de estado.
Se trata de la brigada de investigaciones de Quilmes, donde funcionó el centro clandestino de detención y torturas Pozo de Quilmes.
Desde agosto de 1975 y con mayor intensidad desde marzo del año siguiente, con el golpe de Estado, la dependencia policial funcionó como centro de detención ilegal en el marco de un plan sistemático de terror y exterminio, implementado por la última dictadura cívico militar (1976/83).
Según los testimonios obrantes en el archivo de la memoria permanecieron secuestradas 250 hombres y mujeres, perseguidos por su militancia política, social y sindical. Eran centros de torturas para los que luego eran trasladados a otros centros de detención, asesinados o desaparecidos.
Ese lugar integró el circuito Camps, tal como se conoció a la red de 29 centros clandestinos de detención, que funcionaron en dependencias policiales del Conurbano bonaerense y La Plata, bajo el mando del general Camps y desde diciembre de 1977, del general Ovidio Pablo Ricchieri.
El Pozo también se integró al funcionamiento del plan de coordinación represiva criminal entre las dictaduras latinoamericanas durante los 70, donde diez embarazadas, unos 20 niños y adolescentes, entre 8 y 17 años, estuvieron detenidos en forma clandestina, entre ellos algunos estudiantes secundarios secuestrados en el operativo conjunto del Batallón 601 y la policía bonaerense conocida como la noche de los lápices.
En 1984, pese a las reformas hechas para ocultar la estructura edilicia, la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) reconoció el lugar de permanencia por varios elementos e inscripciones y pinturas destacadas por los sobrevivientes.
En diciembre de 2012 se condenó a prisión al ex ministro de gobierno, Jaime Lamont Smart y ex policía Norberto Cozzani y el ex coronel Rodolfo Aníbal Campos por algunos de los crímenes cometidos en el circuito Camps, que no llegaron a incluir casos del Pozo de Quilmes, entre otros el médico policial Jorge Bergés quien recibió la pena de 25 años.
La señalización de los sitios de la memoria (ley nacional 26696 y provincial 13584) hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa que el espacio público y el compromiso del estado democrático de dar a conocer y condenar los crímenes, impulsar el juzgamiento de los responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.
A treinta años de la recuperación de la democracia y a treinta y ocho años del golpe cívico militar, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y por eso están siendo juzgados. Un nunca más al terrorismo de estado.
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